Esta medida afecta a los 187 beneficiarios de vivienda publica de la Junta de Andalucía que no tienen titulo de propiedad de las barridas La Paz, Virgen del Rosario, Madre de Dios y Ciudad Jardin y se engloba en un proceso de regularización de la vivienda pública en toda Andalucía, regulado por un decreto del año 2000.

El Ayuntamiento, pese a no tener competencia directa en la materia actuará como intermediario entre los afectados y la Junta de Andalucía estableciendo medidas de ayuda,  información y gestión.

De esta forma se organizarán encuentros informativos –de momento sin fecha- entre la Junta y los afectados en el Ayuntamiento de Marchena según informó la Concejal de Bienestar Social e Igualdad, Carmen Baco y se informará sobre las medidas de regulación que establece el decreto de la Junta de Andalucia.

Según Baco, el objetivo de esta medida es lograr que los adjudicatarios de vivienda adquieran los títulos de propiedad, explicando que para lograrlo deberán abonar diversas cantidades simbólicas en función de la antigüedad de la ocupación de la vivienda. Al mismo tiempo las administraciones públicas establecerán una serie de bonificaciones para los procesos de otorgamiento de contrato de arrendamiento, compraventa y título de escritura pública para los que carezcan de estos documentos.  

Además se estudia una línea de créditos bancarios a bajo precio para las personas que carezcan de fondos para hacer frente a esta obligación. Al mismo tiempo se habilitarán en el Consistorio oficinas de información para los afectados por esta medida. Baco informó de un importante incremento de las peticiones de información por parte de asociaciones de vecinos y afectados al Ayuntamiento ante la llegada de estas 187 comunicaciones de la Junta a los afectados. Además explicó que se estudiará de forma personalizada cada caso para aportarles una solución.

De momento el primer paso que deben seguir los afectados es entregar al Ayuntamiento su solicitud para participar en el proceso de regularización de vivienda pública. Además la Junta solicita a los afectados una serie de documentación y requisitos para participar en este proceso.